En conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones de 1999, la Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó el año pasado un Documento de Discusión sobre consideraciones de política en relación con el comercio electrónico, que se distribuyó a todos los Miembros de la UIT. En dicho documento se describía brevemente la amplia gama de cuestiones de política suscitadas por el rápido crecimiento de los servicios, aplicaciones y tecnologías de comercio electrónico, haciendo particular hincapié en los aspectos relacionados con las telecomunicaciones. Luego se pedía a los Miembros que respondieran a una serie de preguntas sobre el estado de las iniciativas de política y la posición de sus respectivos países al respecto, así como sus opiniones y experiencias en relación con una diversidad de aspectos de la evolución del comercio electrónico.

Una sección muy representativa de los Miembros de la UIT respondió a dicha encuesta (para una lista completa véase el apéndice) y éstos manifestaron puntos de vista útiles sobre el grado de desarrollo de las políticas relacionadas con el comercio electrónico en todo el mundo. Este Informe contiene un resumen de esas respuestas, y en el mismo se destacan las tendencias más prominentes, así como las controversias, que parecen estar surgiendo en el ámbito de las telecomunicaciones y la política de comercio electrónico.

El Documento de Discusión fue organizado de conformidad con el marco establecido por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual identificó cuatro categorías de objetivos de política para promover el desarrollo del comercio electrónico: mejoramiento de la infraestructura, creación de confianza, establecimiento de normas básicas y maximización de los beneficios. En cada una de estas categorías hay varios temas de debate político. El presente Informe contiene sólo una reseña de las descripciones contenidas en el Documento de Discusión, y en éste se repiten las introducciones que explican cada categoría. En relación con cada uno de los temas concretos respecto de los cuales se solicitó la opinión de los Miembros de la UIT en el Documento de Discusión, en este Informe describimos las principales conclusiones y tendencias que se desprenden de la encuesta, junto con algunas observaciones generales acerca de las posibles consecuencias de esas opiniones.

El comercio electrónico es enteramente un fenómeno creado por la revolución tecnológica de fines del siglo XX en los computadores y los sistemas de información, en las telecomunicaciones y también en los sistemas bancarios e incluso en los servicios de distribución y postales. Lo que ha fomentado el crecimiento del comercio electrónico en el mundo es el progreso y la integración de la infraestructura esencial de estas tecnologías. Al mismo tiempo, la falta comparativa de esa infraestructura en muchas partes del mundo en desarrollo es lo que más limita las oportunidades de que el comercio electrónico florezca en esos países y acelere su desarrollo económico y social.

Por lo tanto, la necesidad de mejorar (o incluso de introducir) la infraestructura nacional en apoyo del comercio electrónico tiene un interés capital para los países en desarrollo –mucho más quizá que para el mundo desarrollado. Con una penetración del servicio telefónico básico inferior al 15% en numerosos países y un acceso al computador y a los servicios de datos todavía menor, incluso la posibilidad de participar en el mercado electrónico mundial es remota para una gran parte de la población mundial. Lo mismo sucede con el acceso a los servicios financieros y bancarios, que son igualmente necesarios para que los consumidores y las pequeñas empresas comercien en un entorno digital. Los temas abordados en esta sección versan sobre la necesidad de mejorar la infraestructura en estos sectores y sobre los posibles medios para que los países en desarrollo alcancen estos objetivos en el nuevo mercado.

Según los resultados de la encuesta, los Miembros de la UIT están de acuerdo casi por consenso universal en que el acceso a la infraestructura ICT y a los servicios de comercio electrónico es una "máxima prioridad para alcanzar los objetivos de desarrollo nacional". Los países menos adelantados son los que defienden más enérgicamente este postulado, pero incluso las economías más avanzadas reconocen su importancia.

Sin embargo, el consenso no es tan firme cuando se trata de determinar dónde se debe hacer mayor hincapié para propiciar el desarrollo de las telecomunicaciones. El enfoque tradicional del servicio universal apunta a lograr que el servicio telefónico vocal llegue a todas las viviendas. En los países que poseen una infraestructura bien desarrollada este objetivo ya se ha alcanzado básicamente y el interés general se ha desplazado hacia una infraestructura avanzada, las capacidades de transmisión de banda ancha y las cuestiones inherentes al acceso universal a Internet.

No obstante, entre los países en desarrollo existen divergencias de opiniones a la hora de decidir "si se debe asignar prioridad al acceso de la comunidad a los servicios avanzados de comunicaciones e información" antes que a la telefonía vocal universal. Aproximadamente el 35% de las respuestas procedentes de los países en desarrollo discrepan con ese cambio de prioridades, y algunos se oponen vigorosamente (por ejemplo, México, Granada). Sin embargo, el hecho de que el 65% de las naciones en desarrollo considere que el acceso a las ICT avanzadas es un objetivo más importante que el de la telefonía vocal universal pone de relieve la rapidez con la cual van cambiando las opiniones al respecto. Podría ser significativo que muchos de los países que están más decididamente de acuerdo con esta propuesta figuran entre los que poseen redes de comunicaciones menos desarrolladas (Rwanda, Azerbaiyán, Camboya, Tanzanía, entre otros) y por ende se encuentran más lejos de la visión de un servicio telefónico verdaderamente universal. No obstante, parece estarse perfilando una firme mayoría partidaria de que se actualicen los objetivos de servicio universal tradicional para los países en desarrollo a la luz de las perspectivas que ofrece el comercio electrónico.

A través de la encuesta también se trató de calibrar el grado en el cual los países adoptan iniciativas en la consecución de esos objetivos. Se destacó en particular la estrategia de crear telecentros comunitarios polivalentes para ampliar el acceso ICT.

A pesar del acuerdo generalizado sobre los objetivos y prioridades, la mayoría de los encuestados señalaron que, en el mejor de los casos, sólo habían tomado escasas medidas encaminadas a promover el desarrollo de telecentros comunitarios. Menos del 20% de los países en desarrollo indicó que por lo menos tenía algunos telecentros en funcionamiento, aunque muchos declararon que estaban estudiando las posibilidades en esta esfera. Más de la tercera parte respondió que actualmente no contaba con ninguna iniciativa apreciable en materia de telecentros. En cambio prácticamente todos los encuestados de los países más adelantados declararon una considerable actividad de los telecentros, aun cuando éstos ya poseen un servicio telefónico casi universal.

Otra perspectiva sobre las políticas de desarrollo de infraestructuras que se exploró a través de la encuesta fue la función de la competencia y la inversión privada. Se le preguntó concretamente a los encuestados si la "cambiante dinámica" de la industria "intensificará" la necesidad de ese tipo de políticas orientadas hacia el mercado en sus países. Las respuestas fueron notablemente uniformes: más del 70% se manifestó "firmemente" de acuerdo con esa opinión y prácticamente todos los encuestados manifestaron por lo menos cierto grado de acuerdo. Cabe señalar que, para una industria que hace menos de un decenio estaba dominada por los monopolios de propiedad estatal, el consenso abrumador recabado en el año 2000 propicia el movimiento acelerado hacia la inversión privada y los mercados competitivos. Aunque esta tendencia puede haber venido ganando ímpetu desde hace cierto tiempo, es indudable que la aparición explosiva de Internet y del comercio electrónico la han acelerado irreversiblemente.

Además de la cuestión del desarrollo de la infraestructura de las tecnologías de la información, en el Documento de Discusión se abordaban aspectos reglamentarios esenciales en torno al sector de las telecomunicaciones, en el contexto de la promoción del comercio electrónico. Se apuntaba, en particular, a la reglamentación de los precios o las tarifas, reconociendo la importancia de servicios avanzados tales como las transmisiones de datos a alta velocidad, tanto a escala nacional como internacional, así como los servicios de acceso a Internet y de datos de usuario final, para el éxito de las empresas consagradas al comercio electrónico. Tradicionalmente, por estos servicios más sofisticados a menudo se cobraba un precio excesivo en relación con su coste, mientras que las subvenciones cruzadas y las inquietudes en cuanto a la "asequibilidad" correspondían principalmente a la telefonía local básica.

Se le solicitó a los encuestados su opinión sobre la necesidad de reconsiderar el énfasis y el enfoque reglamentario tradicional en materia de tarifas, a la luz de los adelantos del comercio electrónico. Los participantes en la encuesta pertenecientes a la UIT se mostraron casi unánimes en relación con estas preguntas, pues casi todos estuvieron de acuerdo -y la mayoría firmemente de acuerdo- en que "para contribuir a que los servicios de comercio electrónico sean más asequibles, es necesario revisar" las prioridades y metodologías en materia de fijación de precios para los servicios de comunicaciones de datos nacionales y locales.

Un aspecto interesante es que el consenso fue aún más firme en relación con las políticas de fijación de precios para los circuitos de datos internacionales. Todos los representantes de la UIT que respondieron a la encuesta coincidieron en que "es necesario revisar las políticas de fijación de precios y de interconexión internacional para tratar de concertar acuerdos más equitativos sobre servicios y fijación de precios" para las conexiones internacionales con la red básica Internet. Hicieron suya esta opinión, entre otros, Australia, Canadá, Francia y el Reino Unido. Cabe señalar que los Estados Unidos, país que posee la abrumadora mayoría de la capacidad básica y de los proveedores de servicios, no respondió a la encuesta.

En la encuesta también se investigaban concretamente los niveles actuales de precios para los servicios de datos e Internet en los diferentes países encuestados. Aunque las respuestas fueron muy diversas, podríamos señalar las siguientes gamas aproximadas de precios:

• Precio mensual para un circuito local de datos de 56 Kb/s (o equivalente):
  promedio = 250 USD
  gama baja = 80 USD
  gama alta = 500 USD
• Precio mensual para un circuito internacional de 56 Kb/s con los Estados Unidos:
  promedio = 5 000 USD
  gama baja = 1 500 USD
  gama alta = 10 000 USD
• Precio de abono mensual a Internet para un usuario particular:
  promedio = 31,75 USD
  gama baja = 4-15 USD
  gama alta = 100 USD

En el Documento de Discusión también se consideraba que los servicios bancarios y financieros eran un elemento igualmente esencial de la infraestructura nacional necesaria para que florezca el comercio electrónico. Los servicios bancarios, en particular, debían estar indisolublemente ligados a los círculos empresariales y los consumidores, así como a la comunidad financiera internacional, para que las transacciones pudieran proceder con eficacia y todos los usuarios pudieran participar en la economía digital. A través de la encuesta se investigó el grado de desarrollo de las tecnologías de banca electrónica en los Estados Miembros de la UIT, y se consideraron todas las otras iniciativas particulares tomadas en esta esfera.

Como cabía esperar, las respuestas fueron muy diversas. Algunos Miembros informaron que habían logrado establecer una infraestructura de servicios financieros completa y moderna a escala nacional (en esta categoría figuraron la mayor parte de los países desarrollados, pero también otros como Brasil, Hungría y Turquía). Otros países se encuentran en diversas etapas de perfeccionamiento de su sector bancario, mientras que unos pocos (Siria, Camboya y Tanzanía) recién están planificando dicho perfeccionamiento.

En lo que respecta a la ampliación del alcance geográfico de los servicios bancarios, como por ejemplo la banca en línea a través de centros comunitarios, el número de Miembros que informaron sobre iniciativas en curso fue muy inferior. De hecho, prácticamente ningún encuestado declaró haber logrado plenamente esa ampliación de servicios hasta regiones no atendidas por los servicios bancarios convencionales (pese a que esta pregunta podría no resultar pertinente en la mayor parte de los países desarrollados). De los países en desarrollo que respondieron a esta pregunta, el 50% indicó que las políticas y proyectos encaminados a ampliar los servicios bancarios en línea no constituyen una prioridad o por el momento sólo se encuentran en la fase de planificación.

En todo caso, las disparidades entre los países más ricos y más pobres podrían ser aún mayor en lo tocante al acceso a los servicios financieros avanzados que en la esfera de la infraestructura pública de telecomunicaciones per se. En un extremo, países tales como Canadá y el Reino Unido describieron políticas muy ambiciosas tendientes al desarrollo de los cajeros electrónicos y otras nuevas tecnologías para ampliar y realzar el valor de los sistemas bancarios como parte del desarrollo del comercio electrónico. En el otro extremo figuran numerosos países en desarrollo que apenas están empezando a utilizar prestaciones tales como tarjetas de débito (por ejemplo, Guyana) o que de hecho no cuentan con ninguna política para promover las capacidades de banca en línea o electrónica (por ejemplo, Bhután).

Una de las principales diferencias entre el comercio electrónico y el comercio tradicional es que las transacciones electrónicas son mucho más impersonales, anónimas y automáticas que las transacciones entre personas de carne y hueso en una tienda, en el banco o incluso por teléfono. Esta deshumanización de las relaciones comerciales viene acompañada de un enorme aumento de los medios técnicos y las oportunidades de fraude y abuso, tanto para los consumidores individuales como para las grandes empresas. Por todas estas razones, en la evolución de muchos aspectos del comercio electrónico ha prevalecido un sano sentimiento de prudencia, cuando no de total desconfianza.

Así, para que estas nuevas tecnologías globalmente impersonales tengan un grado de aceptación más universal, las empresas y las instituciones gubernamentales deben elaborar políticas que creen una mayor confianza en estas nuevas formas de comerciar. La confianza supone la aceptación de que las compras, las transferencias de fondos y los tratos comerciales efectuados electrónicamente serán tan válidos como las actividades tradicionales; que la información personal y financiera está segura; que los consumidores estarán protegidos contra el fraude y el abuso; y que el mundo de la información y la comunicación en línea será por lo menos tan responsable de la calidad, fiabilidad y legalidad de los productos y servicios como el mundo real.

Los temas de esta categoría están estrechamente vinculados entre sí. Las cuestiones de seguridad y criptografía están ligadas por la protección de la vida privada y la certificación, así como con las opciones técnicas para la creación y validación de la firma digital. Todo ello guarda a su vez relación con la protección del consumidor y con la garantía de integridad de las actividades estatales y comerciales en línea.

En esta sección se consideraron las inquietudes actuales y los debates de política en curso en relación con la seguridad de las redes de datos contra el uso no autorizado, el sabotaje, el robo y el espionaje. Las principales cuestiones de política giran en torno al tratamiento de la criptografía en la legislación nacional y los acuerdos 

internacionales. Se preguntó a los encuestados la opinión de su país sobre la magnitud en la cual los gobiernos deberían poder limitar el uso de la criptografía y tener acceso a los códigos públicos clave, así como su grado de participación en los acuerdos internacionales sobre el tema. Las respuestas se ilustran a continuación. 

El 42% de los países que respondieron opinaban que no se debería imponer restricciones a las empresas nacionales en relación con el uso de criptografía en las transacciones electrónicas. Esta categoría corresponde principalmente a los países más adelantados, pero también comparten esa opinión Brasil, El Salvador y Granada. El 29%, en cambio, estimaba que el gobierno debía aprobar la tecnología de criptografía, y el 13% estaba a favor de la participación gubernamental en la formulación de las directrices de la industria.

En lo que respecta al acceso del gobierno a los códigos públicos clave de la criptografía privada, sólo el 13% de los encuestados estimó que ningún organismo gubernamental debía gozar de ese acceso. Casi la mitad (48%) permitiría el acceso a las autoridades nacionales encargadas de la seguridad, y el 35% a la policía con un mandamiento judicial. Unos pocos países (16%) consideraron que todas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley debían tener acceso a los códigos públicos clave (entre estos últimos figuran Eslovaquia, Tailandia, Turquía, Australia y Dinamarca).

Muchos países (42%) no están convencidos de incorporarse a los acuerdos internacionales que exigen el reconocimiento mutuo de las normas de criptografía, aunque sólo uno (Francia) indicó específicamente que no formaría parte de ninguno de esos acuerdos. El 16% de los encuestados dijo que ya formaba parte de acuerdos internacionales, mientras que el 42% estaba considerando la posibilidad de hacerlo.

Acaso la protección de la privacidad personal de los usuarios en línea esté empezando a ser un elemento aún más importante de confianza en el entorno digital que la seguridad de las transacciones financieras electrónicas. Sin embargo, según se desprende de la encuesta, muchos países aún no han resuelto esta cuestión, ya sea a través de leyes y reglamentaciones explícitas para proteger la privacidad, o bien de políticas para regir la utilización de datos personales por los propietarios de bases de datos y los proveedores de servicios en línea.

De los países que respondieron a la encuesta, el 33% indicó que disponía de leyes estrictas sobre privacidad, y dentro de esta categoría estaban más o menos igualmente representados los países menos y más adelantados. Otro 30% disponía de algunas modalidades de protección de la privacidad menos estrictas, mientras que los restantes países tenían escasa o ninguna legislación o reglamentación sobre privacidad.

En el marco de la encuesta también se investigaron las políticas (u opiniones) de los Estados Miembros respecto de las obligaciones de los propietarios de bases de datos y los proveedores de servicios en línea en lo tocante a la venta o divulgación de datos personales. Se sugirieron múltiples opciones con diferentes grados de rigurosidad. Muchos Miembros respondieron que sus políticas exigían una combinación de esas prácticas, aunque más del 42% de los encuestados no mencionó política alguna. Las respuestas se ilustran a continuación:

Con arreglo a las políticas más comunes, se requiere consentimiento por escrito antes de poder utilizar datos personales, y también se debe proceder a un registro oficial de la base de datos con las autoridades públicas (ambas políticas fueron mencionadas por el 42% de los encuestados). Aproximadamente el mismo número de encuestados (alrededor del 35% al 40%) mencionaron el requisito de notificar a los usuarios acerca de las políticas de utilización de datos personales y el acceso del usuario a la información almacenada. Sólo el 32% de los países indicó que imponía restricciones a la exportación de bases de datos que contienen datos personales.

Estos resultados no indican ninguna tendencia particularmente marcada en cuanto a las políticas de protección de la vida privada entre los Estados Miembros de la UIT. Se trata de una esfera relativamente nueva para muchos gobiernos, recién se están promulgando nuevas leyes en este ámbito y, aparentemente, no existe un consenso claro en relación con el alcance y la dirección de la protección de los datos personales.

Las consecuencias legales del comercio electrónico son muy vastas. En el Documento de Discusión se describe la necesidad de revisar profundamente las leyes contractuales, por ejemplo para dar cabida al entorno digital. El prototipo fundamental para las nuevas definiciones y normas jurídicas en esta esfera es la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). En el marco de la encuesta se estudiaron los progresos de los Miembros de la UIT en lo tocante a la revisión de las leyes contractuales nacionales, a la luz del comercio electrónico y las tendencias tecnológicas conexas y, en particular, el grado de dependencia con respecto a la Ley Modelo. Los resultados son los siguientes:

El 33% combinado indicó que ya se han redactado nuevas leyes sobre transacciones electrónicas o que se están revisando las leyes existentes. Ésta es la situación característica de los países desarrollados de Europa y el arco del Pacífico. Alrededor del 36% de los encuestados señaló que se está reconsiderando la política sobre leyes contractuales, mientras que el 18% dijo que hasta la fecha no se habían desplegado esfuerzos concretos en esta esfera. Por lo que se refiere a la Ley Modelo de la CNUDMI, casi la mitad de los países respondieron que su legislación actual o planificada sigue ese modelo, ya sea estrechamente (17%) o a grandes rasgos (27%).

En el Documento de Discusión se mencionó la función incipiente de las autoridades certificadoras en calidad de instituciones que pueden aumentar la credibilidad y la seguridad de las transacciones de comercio electrónico, tanto nacional como internacional. Muchas de las cuestiones prácticas en torno a las autoridades certificadoras apenas se están comenzando a plantear, entre ellas el grado en el cual los gobiernos nacionales deberían dirigir o controlar a esas autoridades, así como los aspectos relativos a la jurisdicción transfronteriza.

A través de la encuesta se trató de determinar si los Miembros estaban de acuerdo con la opción de que las autoridades certificadoras estuvieran dirigidas por el Gobierno, o bien con la de seguir las iniciativas de la industria privada. Las opiniones fueron muy diversas, a lo largo de una gama de posibles alternativas:

Sólo el 16% de los encuestados manifestó su acuerdo con que las autoridades certificadoras sean establecidas y dirigidas por el Gobierno, pero otro 25% estimó que el Gobierno debía imponer requisitos y conceder licencias a esas autoridades. Alrededor del 22% estaba a favor de que el Gobierno impartiese directrices y ejerciese una función de supervisión general de las autoridades certificadoras privadas. Por último, el 19% prefería la "autorreglamentación de la industria, con intervención del Gobierno en caso de importantes abusos o inobservancias". Resultó interesante advertir que la mayoría de los países que estaban a favor del enfoque autorreglamentario neto eran países de renta baja, media o media superior (por ejemplo Filipinas, Siria, Granada, Nicaragua, Uganda, Brasil), mientras que entre las naciones económicamente más desarrolladas sólo preconizaron este enfoque Canadá, Dinamarca y Francia.

Existe un amplio acuerdo en el sentido de que las autoridades certificadoras deberían ser establecidas tanto a nivel nacional como internacional. Aproximadamente el 72% de los encuestados estaba a favor de este procedimiento, y sólo el 19% estimaba que se deberían establecer únicamente autoridades nacionales. Ningún país consideró que la jurisdicción de la certificación debía quedar enteramente en manos de organismos internacionales.

En cuanto al estatuto actual de las autoridades certificadoras, la mayoría de los encuestados indicó que en su país por el momento no existen autoridades certificadoras oficiales. Sólo el 17% respondió que existen organismos u oficinas gubernamentales con responsabilidades de certificación, mientras que otro 13% señaló la existencia de autoridades privadas con base en el sector industrial, que actúan siguiendo las directrices del Gobierno.

Más del 60% de los Miembros señaló que, en el mejor de los casos, se han establecido normas industriales oficiosas, definidas a grandes rasgos en el marco de la legislación, o que de hecho no hay ningún tipo de iniciativa en relación con las autoridades certificadoras. No está claro el grado de prioridad que se le asignará a este tipo de política en numerosos países para promover la confianza en el comercio electrónico, habida cuenta de todos los otros problemas jurídicos y políticos que esos países están tratando de resolver.

Cabe esperar que, en general, los usuarios del comercio electrónico sigan las mismas leyes, normas y reglamentaciones que todos los otros usuarios. El hecho de que se necesiten nuevas normas para contemplar nuevos tipos de relaciones y transacciones sin precedentes no quiere decir que las antiguas normas dejen de tener validez o tengan que abolirse. De hecho, uno de las ideas más generalizadas en relación con las normas básicas del comercio electrónico es que tal vez no deberían aplicarse nuevas políticas a las transacciones en línea, tales como "impuestos a los bits", o nuevos derechos de importación a las transmisiones de datos.

No obstante, así como la tecnología está cambiando las relaciones entre el consumidor y los círculos comerciales, también está cambiando el carácter de la supervisión del gobierno y de su intervención en esas relaciones. La manifestación más profunda de este cambio es la mundialización del comercio, la cual enfrenta a los gobiernos nacionales y a las instituciones internacionales al dilema de decidir qué jurisdicción –y por consiguiente qué serie de normas– deberían aplicarse a qué actividades, y quién debe encargarse de hacerlo. Así pues, el éxito del comercio electrónico a escala mundial depende en gran medida de la armonización global de ciertas políticas básicas, en esferas tales como la tributación y la imposición de derechos, así como en lo tocante al trato de los derechos de propiedad intelectual y otras cuestiones transjurisdiccionales.

El rápido intercambio de diversas modalidades de información a través de Internet, que varía desde documentos y diseños comerciales hasta música y películas cinematográficas, ha situado a las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en la primera plana de los debates mundiales sobre políticas de comercio electrónico. Estas cuestiones están siendo activamente examinadas por las entidades e instituciones internacionales existentes, concretamente en el marco de los tratados sobre derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). A nivel nacional, no todos los países han tomado las mismas medidas legislativas para proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual contra la piratería o la utilización no autorizada.

En el marco de la encuesta se determinó la magnitud de esa protección en los Estados Miembros. El 49% de los mismos declaró haber promulgado leyes estrictas en materia de propiedad intelectual y exigir el cumplimiento de esas leyes, o un "cumplimiento razonable" de leyes que por lo general están en consonancia con los acuerdos de la OMPI y sobre los ADPIC. El 51% restante de los países no dispone de leyes sólidas sobre propiedad intelectual, o aún debe actualizar esas leyes para tener en cuenta los cambios tecnológicos. En este grupo figuran países menos adelantados (por ejemplo, Siria, Tanzanía, Burkina Faso), así como algunas economías más avanzadas (Australia, Francia, Singapur y Suiza, entre otros). Es evidente que estas tendencias han ido evolucionando con tanta rapidez que muchos países aún deben hacer frente a cuestiones complejas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en el contexto del comercio electrónico.

El tema concreto de los nombres de dominio Internet en relación con la protección de las marcas de fábrica reviste particular importancia en el ámbito del comercio electrónico. Se conocen numerosos ejemplos de piratería o extorsión de nombres de dominio internacionales bien establecidos por sitios web renegados, y este problema se ha ido agravando a medida que Internet se fue propagando rápidamente en todo el mundo. Pueden surgir conflictos igualmente complejos dentro de los países, a medida de que las empresas nacionales tratan de expandirse en la web y conservan el reconocimiento de su nombre. En el Documento de Discusión se abordaron estos aspectos y algunos desafíos conexos que plantea el sistema de nombres de dominio, y se preguntó a los Miembros si habían establecido políticas activas respecto de los nombres de dominio nacionales.

El 28% de los países que respondieron indicaron que su gobierno asumía una responsabilidad activa por el sistema de nombres de dominio. En el 21% de esos países dichos sistemas estaban en manos de una asociación industrial, siguiendo las directivas del gobierno. Pero en casi el 52% de los países Miembros no existe ninguna política oficial sobre nombres de dominio, y las controversias se tratan de resolver sobre una base ad hoc, o bien el gobierno no participa en absoluto en los problemas relativos a los nombres de dominio. Evidentemente esta cuestión acecha en el horizonte de numerosos países, y es probable que con el correr del tiempo suscite una inquietud cada vez mayor.

La mayoría de los debates de política y de las propuestas en torno al comercio electrónico se orientan a la supresión de barreras y a la promoción de oportunidades para que estos nuevos tipos de actividad comercial crezcan con más rapidez todavía que hasta la fecha. Se puede considerar que hay una categoría final de cuestiones centradas más directamente en los beneficios inmediatos que se pueden obtener con el comercio electrónico, en particular las ventajas que los países en desarrollo pueden lograr si aplican estrategias acertadas.

Es evidente que la mayoría de las principales novedades a este respecto han surgido del sector privado y así seguirá siendo en el futuro; la función del Estado se orientará principalmente a facilitar el acceso al mercado y las oportunidades comerciales, en especial para las empresas muy pequeñas, pequeñas y medianas. En el mundo en desarrollo, las ventajas del comercio electrónico pueden no consistir siempre en el acceso a la competencia mundial o en la distribución internacional de productos y servicios; los mercados nacionales propiamente dichos pueden ganar enormemente gracias a la eficacia y al mayor alcance de la tecnología de la información.

Al mismo tiempo que nos concentramos en promover la obtención del máximo provecho posible del comercio electrónico, es importante reconocer que también puede haber inconvenientes. Un sector fundamental al que ahora se presta atención es el efecto de la dinámica cambiante del mercado en la mano de obra y la posibilidad de que se pierdan muchos empleos, ya sea por la competencia extranjera o por la modificación de la manera de comerciar, que eliminará sencillamente muchas actividades con gran densidad de mano de obra. Aunque este tipo de consecuencia puede ser inevitable y en conjunto se puede compensar sobradamente con la creación de empleos debida al crecimiento económico, quizá haya soluciones que el Estado y la industria puedan aplicar para minimizar este impacto negativo y contribuir a facilitar la transición a los trabajadores y a las comunidades.

En esta sección del Documento de Discusión se abordaron algunos de los requisitos prácticos a los que deben hacer frente los nuevos empresarios electrónicos, sobre todo en los países en desarrollo, para ingresar y competir en la economía digital mundial. Además de los recursos financieros y tecnológicos, las oportunidades de desarrollo dependen en gran medida del acceso al personal calificado y a la capacitación, así como a los conocimientos y experiencia de empresas creadas con éxito en otros sitios. El gobierno y la industria pueden colaborar de diversas maneras para promover esos posibles beneficios, y en el marco de la encuesta se trató de determinar la gama de programas e iniciativas en curso en los Estados Miembros.

Los encuestados mencionaron numerosos casos de programas públicos y privados destinados a fomentar las oportunidades de comercio electrónico, según se ilustra a continuación:

Las actividades más comunes son los programas nacionales de capacitación y fomento del comercio electrónico (55%) y los sitios de la web en los cuales se promueve el comercio y el turismo nacionales, y las actividades comerciales en línea (más del 75% de los países que respondieron disponen de este tipo de sitios en la web). Sólo el 28% declaró haber planificado programas de microfinanciación para nuevas actividades de comercio electrónico. Es motivo de sorpresa que únicamente el 17% de los Miembros haya mencionado la participación en programas internacionales embrionarios tales como la Red de Centros de Comercio de la UNCTAD, pese al gran alcance de sus actividades.

En la encuesta se le preguntó a los Miembros qué esferas o tipos de actividad comercial consideraban como fuentes probables de un crecimiento apreciable para sus economías, a través del comercio electrónico, indicando algunos de los segmentos industriales más comunes. Casi todos los encuestados estimaron que el turismo era un ámbito de crecimiento fundamental (lo cual constituye un resultado interesante, pues pone de relieve que el turismo se intensificará en todos lados, o bien que algunos países verán frustradas sus expectativas). Análogamente, más del 80% consideró que el sector de servicios financieros crecerá gracias a las tecnologías de comercio electrónico. Asimismo, en más del 60% de las respuestas se consideraba que los sectores de la información/las actividades recreativas y los soportes lógicos/las tecnologías de la información eran candidatos al crecimiento.

Sin embargo, las respuestas fueron menos optimistas en cuanto a las perspectivas del arte, la artesanía y los productos autóctonos, una esfera que ha sido objeto de amplia publicidad en Internet, con ejemplos que ofrecían nuevas oportunidades de exportación. Sólo el 35% de los países que respondieron preveían un aumento considerable de estas actividades comerciales, gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones; entre estos países figuran Trinidad y Tabago, Uganda, Bhután y Guyana. Asimismo, únicamente el 38%, entre los cuales la mayoría eran países más desarrollados, anticipaban el crecimiento de los servicios jurídicos y profesionales a través de canales de comercio electrónico.

En la encuesta se preguntaba separadamente acerca de los servicios públicos que podrían ser proporcionados por los gobiernos Miembros a sus ciudadanos, recurriendo para ello a tecnologías de comunicaciones avanzadas. Las prácticas o planes más comunes en esta esfera apuntaban en la mayor parte de los casos a la prestación electrónica de servicios de educación pública y a la facilitación del comercio por medios electrónicos (más del 80% para cada una de estas actividades). Sólo el 37% de los Miembros preveían actividades de apoyo a la atención de salud, parcialmente por medios electrónicos. De manera similar, menos del 40% consideró que los servicios de bienestar público o las actividades electorales/políticas eran sectores candidatos a aplicar tecnologías de telecomunicaciones para el desempeño de funciones públicas. Queda por ver si, a medida que se vayan familiarizando con esas tecnologías en las actividades del sector privado a través del comercio electrónico, muchos de esos países no ampliarán también el alcance de sus aplicaciones en el sector público.

Por último, en el Documento de Discusión se consideraban las inquietudes de muchos movimientos sindicales de todo el mundo frente a los cambios de la actividad industrial y los mercados laborales conexos como resultado de la propagación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico. En la encuesta se preguntaba la opinión de los Miembros sobre los probables efectos de la ampliación del comercio electrónico y el desarrollo de las industrias basadas en las telecomunicaciones sobre la situación laboral de su país, así como sobre las medidas de política que probablemente adoptarían sus gobiernos para responder a esas consecuencias.

El 58% compartía la opinión de que esos adelantos tecnológicos tendrían como resultado pérdidas menores en el número actual de puestos de trabajo, con grandes ganancias para los trabajadores en las nuevas industrias. Otro 31% estimó que el cambio tecnológico afectaría sólo a una pequeña proporción de trabajadores calificados de una manera o de otra. Un grupo más reducido del 19%, en el que figuraban Austria, Dinamarca, Francia, Letonia y Hungría, se manifestó preocupado por el hecho de que el comercio electrónico pudiera dar lugar a una pérdida de empleos muy superior en sectores tradicionales que la ganancia en las nuevas industrias. Sin embargo, ninguno de los encuestados estimó que el comercio electrónico condujera a grandes perturbaciones en la mano de obra o que tuviera graves consecuencias económicas.

Por lo que hace a las respuestas de política, el consenso es favorable a dos enfoques principalmente indirectos, en los cuales se hace hincapié en la educación: prestación de asistencia o imposición de obligaciones a las empresas para que ayuden a educar y a volver a impartir formación a trabajadores desplazados, y amplias iniciativas nacionales de formación en tecnologías avanzadas (65%). En cambio, se manifestó escaso apoyo (menos del 10%) a las políticas intervencionistas o proteccionistas tales como el apoyo directo o la concesión de subvenciones a las industrias tradicionales, o la limitación de la mano de obra extranjera o el desplazamiento al extranjero de actividades empresariales. Estas opiniones indican que casi todos los países consideran que las tendencias de la globalización y la transformación en una economía de la información son inevitables, y que las políticas más adecuadas consisten en acelerar y facilitar ese proceso en vez de tratar de frenarlo.